Honduras a la cabeza de los países mas violentos

Honduras cierra su año del Golpe de Estado con 4.739 muertes violentas, mil homicidios más que en el 2008, y un creciente estado de inseguridad para los activistas de derechos humanos y opositores al Gobierno de facto de Roberto Micheletti, al grado que las víctimas y sus familiares crearon ya el Comité de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos. “Como en la década de los 80,” recuerdan activistas de los derechos humanos, entre ellas Berta Oliva, quien, en 1982, fue una de las fundadoras del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), luego que su compañero, Tomás Nativí, fuera secuestrado por paramilitares a inicios de la llamada “década perdida”. La nostalgia, en realidad, huele a peligro. Entre 1980 y 1984 desaparecieron por motivos políticos unas 184 personas, y más de un centenar murió por causas relacionadas con el conflicto centroamericano, entre ellos salvadoreños, costarricenses, ecuatorianos y personas de otras nacionalidades. Los organismos defensores de los derechos humanos siempre sostienen que “no es cuestión de números; es cuestión de vidas”. Similar argumento expusieron los dirigentes del nuevo Comité, quienes demandaron “libertad a los presos políticos, sobreseimiento definitivo a las causas por persecución política, respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos, castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, alto a la criminalización de los movimientos sociales, y retorno de los exiliados con todas las garantías para sus vidas”. Si bien las estadísticas actuales no están claras, el panorama es grave. Los registros de los organismos defensores de derechos humanos varían, pero se da parte de como mínimo 28 muertes producto de represión política, desde junio pasado. La víctima más reciente es el Procurador de Derechos Humanos, Walter Orlando Tróchez, de 27 años, asesinado el 13 de diciembre en pleno centro de la capital, Tegucigalpa. Tróchez había logrado escapar de un atentado semanas antes y desde entonces recibió muchas amenazas a muerte, por lo que se le dictaron “medidas cautelares” y se gestionó apoyo para exiliarlo en Costa Rica. La respuesta afirmativa llegó el mismo día de su muerte. Dirigentes de la Resistencia Popular contra el Golpe de Estado sostienen que los atentados, agresiones y amenazas contra sus miembros o simpatizantes tienen lugar en todo el país, y que se trata de sentar “precedentes” para evitar la expansión de la protesta. La inseguridad de los miembros de la resistencia se agravó con una reciente declaración de Roberto Micheletti, quien los responsabilizó de la muerte, bajo circunstancias aún no aclaradas, de una joven de 16 años, hija de una periodista que trabaja en un canal de televisión estatal. En respuesta, la Resistencia exigió el esclarecimiento de la muerte de la joven, “así como todos los asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del golpe de Estado, los cuales se han incrementado en las últimas semanas y son responsabilidad directa de los cuerpos represivos”. La resistencia teme que, al igual que lo ocurrido en los años 80, se hayan reactivado “escuadrones de la muerte”, y que el país sea escenario de combates anticomunistas de baja intensidad. Las violaciones de trasfondo político a los derechos humanos se suman a la violencia social y común que caracteriza a esta nación centroamericana. En el conflictivo departamento de Colón, en el litoral atlántico, hombres desconocidos y fuertemente armados secuestraron esta semana a Osman Alexis Ulloa Flores y Mario René Ayala Hernández, ambos dirigentes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán. Mientras tanto, la organización Casa Alianza sigue denunciando la muerte sistemática de numerosos jóvenes, en su mayoría pobladores de barrios pobres en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La policía admite un repunte impresionante de homicidios y su incapacidad para resolverlos, como consecuencia de lo cual Honduras se coloca a la cabeza entre los países más violentos de América Latina. La tasa promedio nacional es de 53,5 asesinatos por cada cien mil habitantes, y en algunas regiones dicho indicador se duplica.